Pilar García, Docente del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado y experta en Derecho Ambiental estuvo en ´Revista de la Mañana’, explicó que según la Ley 388 de 1997, los municipios y distritos son los principales responsables del ordenamiento territorial dentro de su jurisdicción. Para esto, deben elaborar planes de ordenamiento territorial (POT), sin embargo, estos planes no se elaboran de forma independiente, si no bajo lineamientos de entidades nacionales como el Ministerio de Ambiente.

“La labor de los municipios no es autónoma en su totalidad, pues deben acatar determinantes ambientales y de ordenamiento establecidas por norma. Es ahí donde entra el Ministerio de Ambiente con la resolución que hoy genera tanta controversia”, enfatizó la profesora.

¿Qué establece la nueva resolución? 

La propuesta aún no ha entrado en vigencia y se encuentra en proceso de consulta pública. Su objetivo principal es reglamentar el articulo 61 de la Ley 99 de 1993, que reconoce la Sabana de Bogotá como un área de especial interés ecológico. En este sentido, establece una serie de restricciones para la ocupación del territorio, priorizando su uso agropecuario y forestal, limitando la urbanización y la actividad minera, y protegiendo ecosistemas estratégicos como humedales y acuíferos.

Pilar García, destacó que existen mecanismos para modificar la resolución antes de su entrada en vigencia. “Lo importante es que los sectores afectados participen con argumentos técnicos y jurídicos. También sería conveniente ampliar los espacios de concertación y convocar mesas técnicas con expertos en planificación territorial, representantes del sector privado y autoridades ambientales”, afirmó. 

Sin embargo, en diálogo con la experta se ratifica que habrá impactos en el ordenamiento territorial, ya sea que entre en vigencia o no, lo que no se debe perder de vista es el desafío de encontrar un punto de equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo regional.

Por: Lina Rincón.