Tras el reconocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales de cientos de colombianos que se encuentran trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana del vecino país, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, instó a la Cancillería colombiana a recurrir a mecanismos que garanticen el derecho a la defensa de los connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de operativos militares de tropas venezolanas.

De acuerdo con la entidad, los operativos militares iniciados a finales del 2022 por tropas de Venezuela habrían desencadenado capturas de personas colombianas. 

“Emitimos una Alerta Temprana, en la que advertimos una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana, además de posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas”, indicó el Defensor del Pueblo de los Colombianos.
Frente a la situación la Defensoría del Pueblo realizó un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia por la posible llegada de los colombianos al territorio.

La posibilidad del retorno de al menos 7 mil colombianos al país, llevó también a la Defensoría del Pueblo a solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela.

Gustavo Adolfo Barreto González

Comunicador Social y periodista