Esto fue un proceso que llevaba más de dos décadas en discusión y que representa un hito institucional para la educación pública superior en Bogotá.

El nuevo estatuto define aspectos clave de la estructura académica, administrativa y de gobierno universitario, buscando mayor participación y pertinencia frente a los retos de la educación superior. Entre los puntos más destacados se encuentran la reorganización de los órganos de gobierno, la actualización de los criterios de representación estudiantil y docente, y la adopción de un enfoque más incluyente en la toma de decisiones. 

“El nuevo Estatuto General es producto de una construcción colectiva y representa un avance sustancial frente a un marco normativo que ya no respondía a la realidad de la educación pública”, afirmó el profesor Omer Calderón, docente de la Facultad de Ciencias y Educación y uno de los académicos que ha seguido de cerca el proceso.

Calderón, quien estuvo presente en el programa ‘Revista de la Mañana’, también resaltó la importancia de este consenso logrado: “Fue un ejercicio democrático en el que finalmente se llegó a un acuerdo que recoge muchas voces. Este nuevo estatuto es una hoja de ruta para fortalecer la autonomía universitaria y la calidad académica”.

El proceso de reforma involucró mesas de trabajo, foros abiertos, consultas y análisis jurídicos que permitieron articular propuestas de estudiantes, profesores, egresados y trabajadores. La participación activa de estos sectores fue clave para la legitimidad del documento final.

Para Calderón, uno de los mayores retos ahora es su implementación efectiva: “Ahora necesitamos voluntad institucional, seguimiento riguroso y sobre todo participación permanente de la comunidad para que este nuevo estatuto no se quede en letra muerta”.

La reforma, que entrará en vigor de manera progresiva a partir del segundo semestre del año, será acompañada de campañas de socialización y capacitación para todos los estamentos universitarios.
Con este paso, la Universidad Distrital se proyecta hacia el futuro con una estructura normativa renovada, más acorde con los principios de democracia universitaria, inclusión y pertinencia social.