Es de recordar que esta certificación va relacionada con el cumplimiento de los objetivos en la lucha antidrogas, un compromiso establecido con los Estados Unidos desde los años 90 donde se fijaron una serie de objetivos y criterios que son fijados por metas año tras año relacionados con erradicación, sobre todo de cultivos ilícitos. En Colombia se basa en las labores de interdicción, con acciones de interoperabilidad y con la posibilidad de judicializar efectivamente a los líderes de estas organizaciones.

LAUD 90.4 FM ESTÉREO consultó a María Eugenia Vega, politóloga con Magister en Defensa Nacional del Politécnico Grancolombiano para brindar un análisis acerca de esta coyuntura, la cual es parcial: “Por el momento, la situación es un stand-by y es más un mensaje simbólico desde Estados Unidos hacia la presidencia de Colombia, que hay que interpretarlo también en términos de contexto político. Es decir, hoy en día, ¿qué pierde Colombia? Colombia pierde, sobre todo, credibilidad internacional. Y al ponerla de nuevo en el centro del escenario internacional, esto puede, por ejemplo, frenar la inversión extranjera y tener efectos de esa índole”.

Entre las consecuencias de esta medida se encuentran el hecho de que se presentó una pérdida de recursos de alrededor de los 402 millones de dólares, una cifra realmente considerable. Lo que se ha manifestado especialmente a través de una serie de bloqueos económicos. 

“Esto implica también un freno, un obstáculo a la posibilidad de consecución de fondos por concepto de ayuda internacional, de organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Donde pueden existir bloqueos comerciales, aumentos de aranceles, y hemos visto que estas son algunas de las herramientas con las que a Donald Trump más le gusta jugar.”, argumentó.

El reto principal radica en recuperar la certificación que no se encuentra perdida del todo, en tanto EE. UU. le dio un plazo de un año a Colombia para mejorar en su lucha antidrogas: “Hay que pensar en el próximo gobierno. ¿Cuál va a ser la política antidrogas? Primero, porque el gobierno actual presentó varias opciones en materia de política poco realista dado que, la última política antidrogas de 2023 dijo que se erradicaría el 40 %. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de la erradicación voluntaria de los cultivos. Y lógicamente las cifras no se pueden alcanzar porque los tiempos de la política no alcanzan. Entonces, un poco el desgaste, se ve en la crisis de legitimidad que está experimentando el Ejecutivo colombiano hoy en día, con una serie de grandes promesas y propuestas que realmente el plazo del mandato ya de antemano decía que iba a ser bastante complicado”, concluyó la experta.