Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 marcaron la historia de Colombia, con la toma y retoma del Palacio de Justicia. La primera fue efectuada por el M-19, y la segunda perteneció al operativo militar llevado a cabo por el Estado para recuperar el edificio. Es así como cerca de 300 personas fueron tomadas por rehenes, en una acción, que, de acuerdo con el grupo insurgente, intentaba someter a juicio político al presidente de la república en aquel entonces, Belisario Betancur.

Pese a que el número exacto de víctimas sigue siendo motivo de debate, las estimaciones oficiales apuntan a que los cuerpos de 94 personas fueron llevados a la morgue del Instituto de Medicina Legal. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó la muerte de al menos 11 magistrados, además de la desaparición y asesinato de decenas de civiles antes y después de los hechos que enlutaron a muchas familias. 

Al cumplirse cuatro décadas de la toma y retoma, la exfiscal delegada ante la Corte Suprema y exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que el país sigue en deuda con las víctimas: “Este tiempo es muy corto en la historia, pero largo en la impunidad de este delito. Entonces, vemos a muchas víctimas que aún no han encontrado a sus seres queridos y que desean saber qué aconteció con ellos. Su vida se ha convertido en una indagación interminable para encontrar respuestas a sus preguntas y tener conocimiento de dónde están, quienes los mataron y de qué forma. En este contexto es necesario asumir responsabilidades, lo cual implica aceptar y contar verdades, así como ayudar en la reconstrucción de estos hechos”.

La apodada "fiscal de hierro", quien lideró investigaciones clave sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de los hechos argumentó que no ha existido una reparación real y que permanece una ausencia total de justicia.

“Queda faltando mucho para cerrar las heridas pues estas no han sanado. Mientras tanto son generaciones las que sufren este karma; hijos que nacieron sin padre, esposas que extraviaron a sus compañeros y en el caso de la justicia colombiana también fue una gran perdida de una “Corte de Oro” con magistrados que construían no solo jurisprudencia pensando en lo dogmático y en lo jurídico sino en la gente. No se ha investigado todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Existen episodios donde se compulsaron copias y no se ha hecho absolutamente nada. Muchas víctimas siguen esperando”.

Amelia Mantilla, era esposa de Emiro Sandoval Huertas, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en LAUD 90.4 FM ESTÉREO habló sobre los responsables de la muerte de su esposo: “Cada día estamos luchando por conocer la verdad, estos hechos requieren tener claridad, los primeros culpables son el M-19. También, hubo un exceso de las autoridades, liberaron personas de los primeros pisos, pero del resto fueron víctimas inocentes, pues la consigna fue acabar con dicho grupo armado. Es un suceso vergonzoso, es la guerra en la ciudad, es histórico y por ser así, he tenido que vivirlo todos los días de mi vida. Esto me causa mucho dolor”, indicó.

Se cree que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, responsable en su momento del 80 % de la cocaína que entraba a Estados Unidos, también fue el responsable del asedio a la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sin embargo, el Estado aún tiene una deuda con los colombianos acerca de la verdad de los hechos, reparación a las víctimas y justicia como tal.