La medida está respaldada por la ley y permite acceder a licencias laborales o académicas mientras se recibe tratamiento profesional.

La incapacidad por estrés se ha convertido en una herramienta legal clave para enfrentar el aumento de casos de ansiedad, agotamiento emocional y otras afectaciones mentales que impactan a estudiantes y trabajadores jóvenes. Esta figura permite detener la rutina, acceder a apoyo médico y mantener la estabilidad económica sin poner en riesgo el empleo o la formación académica. Reconocer este derecho es fundamental en un contexto donde el bienestar mental es cada vez más valorado.

El procedimiento comienza solicitando una cita con medicina general y una valoración clínica por un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS). Si tras la evaluación se determina que el estrés interfiere con la capacidad funcional, el especialista podrá emitir un certificado de incapacidad. Este documento debe ser entregado al empleador o entidad educativa para formalizar la solicitud y activar los beneficios correspondientes.
 
El especialista es quien determina si la enfermedad es general o laboral, dependiendo el caso será atendida por la EPS o por la ARL. Uno de los principales beneficios de esta incapacidad es el respaldo económico. Si se trata de un diagnóstico de origen laboral como el síndrome de burnout generado por sobrecarga o ambiente tóxico en el trabajo la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) cubre el 100 % del salario a partir del primer día. Si la causa es externa al trabajo, la EPS asume el 66,67 % del ingreso desde el cuarto día de incapacidad. En ambos casos, la ley garantiza la protección del ingreso.

Además, la legislación protege a quienes atraviesan procesos de salud mental. La Ley 361 de 1997 establece que no se puede despedir a una persona en situación de incapacidad sin previa autorización del Ministerio de Trabajo, evitando posibles actos discriminatorios. Esto permite priorizar la salud sin temor a consecuencias laborales, algo clave para quienes comienzan sus carreras profesionales o estudios universitarios.

El derecho a una incapacidad por estrés no solo protege a quienes ya presentan síntomas, sino que contribuye a generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud emocional. Reconocer que la mente también necesita descanso es una postura responsable frente a los ritmos acelerados que impone la vida actual. Pedir apoyo médico no debe interpretarse como un signo de debilidad, sino como una decisión de autocuidado y prevención.

En conclusión, el sistema de salud colombiano ofrece mecanismos legales para enfrentar el estrés con respaldo médico, jurídico y económico. Conocer y ejercer estos derechos permite acceder a espacios de recuperación dignos, sin perder oportunidades ni comprometer el desarrollo personal y profesional. La salud mental también es un derecho, y está protegida por la ley.