Violencia infantil, una demencia sin fin en Colombia

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Foto: UNICEF

Según el reporte de Medicina Legal al mes de mayo, en Colombia se registraron 288 homicidios en menores de 17 años.

Tras el indignante caso de la niña Sharik Buitrago, quien fue asesinada en el municipio de ‘El Retorno’, departamento de Guaviare; se abre la discusión frente a la posibilidad de aplicar la cadena perpetua para abusadores infantiles y se discute desde la academia el porqué de este tipo de acontecimientos.

Tristemente, no son pocos los casos que involucran a los niños víctimas de violencia sexual y asesinato en Colombia. En este 2019, el país se ha escandalizado con diferentes hechos que han segado la vida de quienes se supone son el futuro de las familias; que, en la gran mayoría de los casos, son sus fatales entornos.

Por tan solo mencionar algunos, en estos primeros siete meses se han registrado los desgarradores casos de Diana Tatiana Rodríguez, de 10 años en Buenaventura; María José Ortega, de 6 años en Barranquilla y el registrado en la noche de este miércoles 10 de julio con Sharik Buitrago de 10 años. Estos lamentables sucesos, son el reflejo de lo que sucede diariamente en los hogares y centros educativos en un país marcado por la violencia de todo tipo.

¿Cambio en las leyes?

Con el contexto actual y las cifras que demuestran un incremento preocupante de las muertes y violaciones a niñas y niños en el país, varios sectores – incluyendo al presidente de la República Iván Duque – han propuesto establecer la cadena perpetua para sus abusadores y homicidas.

Esta determinación, tendría un efecto directo en el panorama político y así, una repercusión directa en el marco jurídico constitucional que hasta el momento no ha considerado dicha figura como condena en materia penal.

Frente a este posible escenario, el abogado y docente Francisco Bernate; considera que esta disposición es algo inviable, ya que representaría la sustitución de todo el modelo constitucional en Colombia. “En una propuesta tan sensible como esta, hablamos de algo equivalente a eliminar la Cámara de Representantes o la reelección presidencial. Estamos dentro de un ámbito politiquero, porque se está primando un criterio electoral. No se ha escuchado a los académicos y a los juristas que trabajamos todos los días en esto”. Escuchar entrevista.

Así mismo, dijo que, aunque el marco legal en el país tiene muchas falencias, es un sistema que funciona frente a la lucha y condena de actos que violenten a la infancia y a la adolescencia. “Para bien o para mal, nuestro ordenamiento jurídico aún tiene un rezago de razonabilidad, porque cumple con lo cometido ya que las penas son graduales a los delitos”.

“Las leyes como están son más o menos adecuadas, pero necesitamos recursos para que existan más jueces, más investigadores, más espacios para el desarrollo de la justicia y mayor tecnología”, puntualizó el jurista.

Un asunto de educación

Flor Alba Santamaría, directora de la ‘Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño’ y de la Maestría en Infancia y Cultura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; señala que abordar este fenómeno – que se presenta día a día en el país – es un compromiso tanto del Estado colombiano como de la academia. “En las universidades tenemos que reflexionar y hacer investigaciones que aporten a las políticas que establecen los gobiernos sobre la educación y frente al cuidado de los niños y sus derechos”, indica la catedrática.

Por otro lado, expresó que esta clase de hechos han sido siempre protagonistas en la sociedad colombiana, debido a que su realidad, está llena de profundos e históricos problemas socioculturales que no han sido atendidos ni por los gobiernos ni por las autoridades. “Nuestra cultura está marcada por la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades; en este escenario, el niño no se visibiliza, no se aprecia y es considerado como un ser en miniatura”. Escuchar entrevista.

“Es una situación de los niños, pero también de todo un país que ha instalado unas relaciones de violencia y no un reconocimiento del otro”, complementó.

Panorama aterrador

Mientras la discusión se centra en lo que sería una posible solución a la grave situación que atraviesan los derechos de las niñas y niños en Colombia, los delitos contra ellos siguen en aumento y parece que el horizonte es cada vez más oscuro.

Los planteamientos para endurecer las penas parecen ser una conveniencia política y el trabajo desde las aulas de clases y los hogares no son suficientes. Por su parte, el Estado – que parece no consolidar su fin de Social de Derecho – no logra garantizar la vida y el bienestar de los ciudadanos más vulnerables y prominentes.

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