Víctimas reclaman a la Universidad de Antioquia

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Foto: es.mongabay.com

Movimientos Ríos Vivos pide a la Institución para que responda por las supuestas irregularidades de identificación, exhumación y traslado de cuerpos llevados a cabo en la zona de influencia del proyecto energético de Hidroituango.

Para el Movimiento Ríos Vivos, que reúne a las víctimas y afectados por el proyecto hidroeléctrico, la Universidad de Antioquia participó en la exhumación y traslado administrativo de cuerpos, sin contar con los avales necesarios para llevar acabo estos procedimientos.

Isabel Cristina Zuleta, quien preside el mencionado Movimiento, dijo en LAUD 90.4 FM ESTÉREO que la Institución ha suscrito números contratos con las Empresas Públicas de Medellín a través de subcontratistas como Integral S.A. entre otras. “Uno de esos contratos y que para nosotros es el más doloroso, es el que tiene que ver con el traslado, supuestamente administrativo, de varios de los cementerios de la zona, hoy inundados por el megaproyecto Hidroituango. Eso ha generado preocupaciones enfocadas en cuanto a la ética de una Universidad que sabiendo la historia del Cañón del río Cauca y reconociendo que hay más de 2.000 personas desaparecidas, más de 110 masacres en ese territorio y en donde se dieron esas exhumaciones realizadas por la Universidad, se atrevió a intervenir esas zonas conociendo que podían estar allí las víctimas del conflicto armado, dañando la cadena de custodia, con la imposibilidad del acceso a la verdad. Desaparecieron a los muertos cuyos familiares los están buscando”.

De acuerdo a la denuncia, la Universidad de Antioquia participó en la exhumación y traslado administrativo de cuerpos, sin contar con los avales necesarios para llevar a cabo estos procedimientos.

“En la audiencia ante la JEP, la representante de la Universidad aseguró que la Fiscalía General de la Nación había avalado las intervenciones de los sitios en donde se llevaron a cabo estas labores, lo cual es totalmente falso, toda vez que esa entidad lo que señaló fue su falta de competencia legal para participar y autorizar dicho procedimiento, así como el de aclarar que no podía certificar que los cuerpos ubicados en los sitios intervenidos por la Universidad no tuvieran algún vínculo con hechos violentos. Todo lo anterior fue ratificado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el Auto AT 125 de 2020”, explicó la activista.

Escuchar la entrevista aquí.

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