Unidad para las Víctimas ofertará más de mil bienes para la reparación

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Foto: El País

Los inmuebles fueron entregados por exmiembros de los grupos armados ilegales. De ellos 975 están en zona rural y 620 en urbana.

La Unidad para las Víctimas diseña una estrategia para ofertar y monetizar los 1.895 bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas-FRV y destinar tales recursos precisamente a dicha reparación de personas afectadas por la violencia.

El director de la entidad, Ramón Rodríguez, inició un recorrido por el país con el fin de conocer e inspeccionar de primera mano el estado actual de las propiedades entregadas por exmiembros de los grupos armados ilegales que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. El FRV recibe, administra y monetiza los patrimonios. Así mismo se encarga de los dineros provenientes del presupuesto nacional, donaciones nacionales o extranjeras, teniendo además como función liquidar y pagar las sentencias proferidas en los procesos.

“Ya se han acuñado bienes que nos han generado ingresos por más de $ 4 mil millones de pesos, y por la figura de arrendamiento hemos obtenido más de $ 2 mil millones de pesos en esta vigencia, para fortalecer los procesos de indemnización por vía judicial. Eso nos permite afirmar que históricamente hemos realizado 18 mil indemnizaciones por más de $350 mil millones de pesos”, señaló Rodríguez.  

El funcionario anunció que la Unidad informará en los próximos días a los ciudadanos qué bienes, de los que cuentan, podrán adquirir. Actualmente, de los inmuebles administrados por la Unidad para las Víctimas, el 30 % corresponde a propiedades listas para arrendar.

De acuerdo con el inventario que realiza el director, el 47 % de los patrimonios se encuentran en Antioquia y Urabá. También se registran en Bucaramanga, Villavicencio, Bogotá, y en varios municipios en Cundinamarca. Sin embargo, el proceso de inspección continúa en áreas urbanas y rurales en otras regiones del país.

Del total de bienes administrados por el Fondo de Reparación, 1.595 son inmuebles entregados por los exintegrantes de grupos armados ilegales, 975 son rurales y 620 urbanos.

“Lo que se quiere es volver estos inmuebles cada día más productivos. Para nosotros es mejor tenerlos en arriendo que tenerlos sin ocupación, ya que el mantenimiento genera gastos para la entidad”, explicó el funcionario. 

Información tomada de la Unidad para las Víctimas.

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