Proyecto busca sancionar la negación de los abusos de Pinochet en Chile

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Foto: Notimerica

La iniciativa, que ha causado división en el sector político, pretende penalizar con cárcel a quienes justifiquen, aprueben o nieguen violaciones de DDHH.

Un polémico proyecto de ley que prohíbe el negacionismo de los abusos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que la derecha chilena solicitó este martes declarar inconstitucional, evidencia la polarización del espectro político a días de la celebración del plebiscito constitucional.

Más de 50 parlamentarios de la coalición gubernamental de derecha y centro-derecha pidieron al Tribunal Constitucional bloquear la discusión de la norma, que busca penalizar con hasta tres años de cárcel a quien “justifique”, “apruebe” o “niegue” las violaciones a los Derechos Humanos del régimen cívico-militar.

“Existe un sector de la política que está empeñado desgraciadamente en ir coartando nuestras libertades. En toda democracia fuerte y con cimientos importantes, es fundamental la libertad de expresión”, indicó a medios la diputada Camila Flores, de la oficialista Renovación Nacional (RN).

El proyecto, que está pendiente de ser discutido en el Senado, se aprobó en el Congreso de los Diputados en septiembre, pero fue presentado en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018), en el marco de la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado que en 1973 protagonizó Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende.

Tras el alzamiento, se instauró una dictadura en la que 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas, según cifras oficiales.

Para Carmen Hertz, diputada comunista e impulsora de la iniciativa, con esta norma se pretende que Chile siga la estela de países como Alemania o Austria, donde la negación del genocidio nazi y la apología a sus crímenes está regulada con sanciones que van desde las multas hasta las penas privativas de libertad.

La pugna se da en un contexto de abrupta división entre sectores políticos y a menos de una semana del histórico plebiscito del 25 de octubre, con una izquierda que aboga por reemplazar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura, y una derecha que dio libertad de acción, pero en la que hay importantes sectores que defienden conservar el texto vigente.

Información tomada de EFE y El Espectador.

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