Procuraduría entrega informe a la JEP

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Foto: Procuraduría General de la Nación

593 procesos disciplinarios concluidos, relacionados con el conflicto armado interno, fueron entregado por el Ministerio Público.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ relacionado con el conflicto armado interno, que corresponden al período 1990- 2005.

 Durante el ejercicio de construcción de memoria y verdad de la Procuraduría, se aportó un total de 2.181 datos de procesos disciplinarios que involucran a 3.573 víctimas, en conjunto con el primer informe entregado a la JEP el 11 de diciembre de 2018.

Fueron identificadas 728 implicados, entre quienes figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 era hombres.

De las instituciones del Estado vinculadas en los procesos disciplinarios, también se encontraron 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuatro de una alcaldía municipal, nueve del Congreso de la República, dos de ministerios, cinco de gobernaciones, y cuatro más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la presidencia.

 De las 3.573 víctimas individuales, 3.116 corresponden a hombres, 387 a mujeres y 70 de quienes no se obtuvo esta variable, con edades que en su mayoría oscilaban entre 21 y los 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos.

 A partir de la información registrada en los expedientes se estableció que entre las víctimas había 108 personas identificadas como indígenas, 14 como negras/afrocolombianas, y una perteneciente al pueblo ROM.

 En el análisis efectuado se encontró que en su mayoría las víctimas eran personas integrantes de partidos políticos y campesinos, y se identificaron como las conductas más investigadas en los procesos disciplinarios la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada.

 Así mismo, se determinaron como patrones de conducta de los servidores públicos el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros.

Durante la entrega del documento a la JEP, el jefe del Ministerio Público anunció que serán remitidos a Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, cerca de 250 procesos disciplinarios adelantados principalmente contra miembros de la fuerza pública, por conductas como homicidios de civiles y torturas, entre otras, para ser calificados o fallados en primera o segunda instancia, según sea el caso. 

Por otra parte, precisó que en cerca de 500 procesos activos que lleva la Procuraduría, se adelantarán los actos de indagación e investigación que corresponda hasta finalizarlos y remitirlos por competencia a la JEP, y que al igual que los anteriores, se digitalizarán y enviarán en medio magnético para proteger el medio ambiente, y garantizar la conservación de los archivos y de la memoria histórica.

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