Por falta de firmas de ministros, subsidios a servicios públicos no van

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Foto: www.pulzo.com/Ilustración-Getty Images

Alto Tribunal declara inexequible dos decretos expedidos por el Gobierno Nacional en medio de la emergencia sanitaria.

Por la pandemia y la crisis económica generada, el Gobierno Nacional expidió una serie de decretos para solventar la situación que atraviesan muchos colombianos.  Dos de los decretos son el 580, “Por el cual se dictan medidas en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia” y el 558 el cual dispuso que los empleadores y trabajadores independientes podían pagar sus aportes al Sistema General de Pensiones sobre el 3% de su cotización, en los meses de abril y mayo, y no del 16% como es normal.

¿Por qué se cayó el decreto que subsidiaba los servicios públicos?

Con respeto al Decreto Legislativo 580 de 2020, que daba subsidios a los estratos 1 del 80% y al 2 del 50% hasta diciembre de este año, la Corte Constitucional lo declaró inexequible al constatar que aquel no cumplió a cabalidad con los requisitos de forma exigidos en el artículo 215 de la Carta Política.

Si bien, el Decreto se dictó y promulgó en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y llevando la firma del Presidente de la República, no pasó lo mismo con la rúbrica de algunos de los ministros del despacho, “como bien puede corroborarse a partir de una simple revisión de su contenido publicado en el Diario Oficial No. 51.286 del 15 de abril de 2020”, señala la Corporación.

En concreto, tal y como lo señaló la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el mencionado decreto no se registran las firmas del ministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz Gómez ni de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Mabel Gisela Torres, sin que, por lo demás, al proceso se haya allegado algún tipo de justificación que permita explicar su ausencia, incapacidad o impedimento para conocer o suscribir el entonces proyecto de Decreto Legislativo.

En concepto de los integrantes de la Sala Plena, el mandato constitucional referente a que los ministros suscriban los decretos legislativos que se expiden en virtud del citado estado de emergencia, constituye una condición indispensable de validez de dichas normas, en la medida en que con este se garantiza, el principio democrático, durante la situación de excepción, pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita la facultad discrecional del Presidente.

Se deben pagar los aportes a pensión omitidos en abril y mayo

En cuanto al Decreto 558 de 2020 que permitía que empleadores y trabajadores pagaran de forma parcial los aportes a pensiones, la Corte Constitucional indicó que tiene efectos retroactivos y de esta forma, se tendrá que devolver el dinero que dejó de percibir el Sistema Pensional en los meses de abril y mayo, que sumarían cerca de tres billones de pesos.

Al respecto, señala el Alto Tribunal que es “competencia del Estado, a través del Ejecutivo”, determinar quién debe pagar lo que se dejó de aportar, es decir si son las empresas o sus trabajadores, y el camino a seguir por parte de los independientes que bajaron sus cotizaciones.

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