Posible prórroga de la Ley de Víctimas para tener más cobertura

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Foto: unidadvictimas.gov.co

Desde 2012, la Unidad para las Víctimas ha invertido 11 billones de pesos de los cuales 6.1 billones corresponden a indemnizaciones entregadas a 986.961 personas.

Hace ocho años entró en vigencia en Colombia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con el objetivo de dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985.

Vladimir Martín, director encargado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dijo en LAUD 90.4 FM ESTÉREO que entre el 2012 y el 1 de mayo de 2019, se han incluido 8.816.304 de manera individual, que constituyen el 17.7% de la población del país. Así mismo, están registrados 616 sujetos de reparación colectiva, es decir, comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales, afectados en lo colectivo por el conflicto.

A partir de 2012, se ha atendido a población víctima de desplazamiento forzado y de otros hechos con más de 7’700.000 giros de atención y ayuda humanitaria, por un valor cercano a los $4,8 billones. De agosto de 2018 a mayo de 2019, se han colocado 561.066 giros de atención humanitaria por $ 368.757 millones, para 320.000 hogares.

En cuanto a Restitución de Tierras que es uno de los componentes de la reparación integral de las víctimas. El proceso tiene tres etapas: administrativa, judicial y posfallo. La Unidad de Restitución de Tierras lidera la parte administrativa: recibe solicitudes, reúne las pruebas de abandonos o despojos forzados, determina si inscribe el predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente (RTDAF) y tramita los procesos de restitución en nombre de las víctimas ante la justicia.

71.284 solicitudes han finalizado el trámite administrativo, las cuales corresponden al 75% del total de las solicitudes restituidas. En la etapa judicial, ya hay sentencias para restituir 341.725 hectáreas, que benefician a 45.655 personas.

En cuanto a la prorroga que se le puede dar a la Ley, cuyo tiempo de vigencia es hasta el 2021, el funcionario indicó: “hay unos retos mayores que hacen pensar en algunos ajustes a esta política pública. Precisamente el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque ha contemplado algunas medidas en ese sentido con mayores fuentes de financiación para garantizar efectividad y cumplirles a las víctimas”, señaló Martín.  Escuchar entrevista.

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