Los hallazgos de la Procuraduría en las regiones

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Foto: Diario Correo

El ente de control descubrió irregularidades en el rotulado, embalaje y traslados de muestras del COVID-19 al Instituto Nacional de Salud, lo que pone en riesgo las pruebas.

El pasado domingo 22 de marzo, la Procuraduría General de la Nación visitó el Instituto Nacional de Salud –INS y allí evidenció un incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país frente a los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras.

Por lo tanto hizo el llamado a dichas entidades a fortalecer con la mayor celeridad los laboratorios de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de casos probables de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.

Algunas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas.

Cada muestra le cuesta al sistema $380 mil aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir.

La Procuraduría encontró que aunque las direcciones territoriales a través de los laboratorios de salud pública deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras, varias no cuentan con esos convenios. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos lo poseen.

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS y a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-, lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados con COVID-19, además de aumentar el riesgo de nuevos casos. 

El Ministerio Público exhortó a los secretarios departamentales, municipales y distritales a gestionar y cofinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para el personal médico, que garantice su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.

Información tomada de la Procuraduría General de la Nación.

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