La tutela, el mecanismo más efectivo para proteger el derecho a la salud

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Foto: El Espectador

Un estudio de la Defensoría revela que la mayor parte de las solicitudes están asociadas a enfermedades crónicas y patologías de alto costo.

El mecanismo más utilizado por los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales en Colombia sigue siendo la acción de tutela, de las que en 2019 se interpusieron 620.257 por presuntas violaciones a un derecho fundamental. Los casos fueron: de petición (244.553); a la salud (207.368); al debido proceso (76.447); al mínimo vital (39.284); a la ayuda humanitaria (23.154); a la seguridad social (21.887) y a la vida (15.325).

Los datos fueron revelados por la Defensoría del Pueblo en el estudio ‘La Tutela y los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social’, en el que se informó que, para el año anterior, los ciudadanos que no fueron atendidos de manera adecuada instauraron 207.368 acciones.

Las cifras halladas en la investigación demuestran que continúa la violación sistemática y reiterativa, como las barreras de acceso a los servicios y las autorizaciones demoradas o negadas, incluso de aquellas que se encuentran incluidas en el Plan de Beneficios en Salud - PBS. El incremento fue del 5,2% con relación al 2018, llegando al 85,32% del total.

Para la Entidad, el resultado no tiene justificación porque las atenciones deberían estar cubiertas a través del aseguramiento en salud y financiados por la Unidad de Pago por Capitación- UPC, que se paga por el Estado a las EPS a través de la ADRES, de manera oportuna y por anticipado. La mayor parte de las solicitudes están asociadas a enfermedades crónicas y patologías de alto costo.

En todas las regiones del país ocurren vulneraciones. En 1.032 municipios, que representa el 92% de los 1.122 del país, se interpuso al menos una tutela que invocaba el derecho a la salud. Aquellos con más casos fueron: Prado, Tolima (494); Capitanejo, Santander (330); San José de Miranda, Santander (277); Málaga, Santander (221); Concordia, Antioquia (220); Ocaña, Norte de Santander (208); y La Dorada, Caldas (204).

En todos ellos la problemática es común: la interrupción de los tratamientos, la no entrega o entrega parcial de medicamentos y la demora en las citas médicas especializadas, entre otras. Y se presentan tanto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como a los regímenes exceptuados del Magisterio, las Fuerzas Militares y de Policía y al sistema de salud de las personas privadas de la libertad.

Conocer el estudio completo en este link.

Información tomada de la Defensoría del Pueblo.

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