La reglamentación de la protesta social no es el camino

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Foto: LAUD

Ante los rumores de una posible normatividad que condicione las movilizaciones, expertos recomiendan otras opciones encaminadas a la articulación social.

Durante las últimas semanas la protesta social en Colombia ha tenido protagonismo por las diferentes circunstancias sociales que enfrenta el país. El cumplimiento de este derecho constitucional ha generado debates en pro y en contra del mismo. Por un lado, están los que exigen el respeto a la exigencia y a la queja con marchas, plantones y arengas, y por otro, quienes solicitan una reglamentación que garantice que las movilizaciones no se desborden. La discusión de las dos orillas sólo tiene un punto en común, la no vulneración de los derechos humanos.

LAUD 90.4 FM ESTÉREO, dialogó con Catalina Jiménez, docente e investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, explicó de dónde nace la idea de una posible normatividad: “Ya existe la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, que plantea una guía metodológica para ejercer la protesta, en ese sentido una regulación mayor no se necesita… el problema es que los legisladores no quieren entender que esta tiene a veces un componente de alteración del orden público y no me refiero a los disturbios”.

La invitada señala que la protesta es una acción democrática que se debe estimular y no estigmatizar, por tanto, hay que mirarla desde un espectro más amplio porque en ella los ciudadanos manifiestan su inconformidad desde sus maneras particulares de expresión, unos desde la forma institucional y otros de un modo más emocional. “No creo que ninguna movilización parta con la idea de ser violenta”, añadió.

Esa dinámica de espontaneidad debe ser tenida en cuenta ante cualquier marcha tal como lo hacen en otros países que en lugar de limitarla lo que optan es por ejecutar contingencias que permitan el respeto de los derechos humanos tanto de los participantes como de los terceros. “Entre más democráticos sean los gobiernos, la protesta será más elevada en términos de no violencias y formas como huelgas o campañas… el nivel de cómo se entienda este derecho tiene que ver cómo se organiza la sociedad civil respecto al mismo”.

Referente a las propuestas de reglamentación Jiménez indicó: “Creo que no sea necesario, ni conveniente. A veces surgen esos ímpetus legislativos cuando las manifestaciones se vuelven más álgidas y cuando estamos en época electoral…por ejemplo la propuesta de ponerle pico y placa a las movilizaciones para los fines de semana no tiene ningún sentido, porque precisamente los bloqueos generan respuestas más inmediatas del Gobierno”.

El problema es que el Estado observa esta acción democrática como un delito al momento de alterar el orden público: “Nuestros gobiernos la han visto siempre como un elemento antisistema y violento”. El reto es cambiar la percepción, defenderla y resignificarla, una forma sería articulando de mejor manera las organizaciones, aunque es un proceso largo porque parte de lo que se comprende como participación. Al momento de estudiar mejor el derecho se llegará a tener manifestaciones cooperativas más que confrontativas. Escuchar entrevista.

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