La Personería destituyó e inhabilitó a funcionaria de Empresa de Renovación Urbana

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Foto:Personeríabogota.gov.co

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 18 años para desempeñar cargos públicos a Judith Amanda Rodríguez Forero, profesional de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) por apropiarse de un bien del Estado.

De acuerdo con la investigación, la funcionaria ordenó desmontar una casa prefabricada de propiedad del Distrito ubicada en la Carrera 3 No. 19-33. Luego decidió llevarla e instalarla en su lote particular de la Vereda San Javier, del municipio de La Mesa, Cundinamarca.

Por la irregularidad, el fallo de primera instancia de la Personería Delegada para Asuntos Disciplinarios I, ordenó iniciar investigación disciplinaria contra el ex director de la ERU Néstor Eugenio Ramírez, por su presunta omisión al permitir que la funcionaria se apropiara de un bien estatal.

Jorge Naín Ruiz Ditta, personero delegado para la Función Pública explicó para LAUD 90.4FM que “la Contraloría de Bogotá sancionó a la señora Rodríguez y le obligó a pagar el valor de 15.767.252 pesos y posteriormente la Personería decidió otorgarle la destitución e inhabilitad más alta de la historia de esta institución”.

Uso de un bien del Estado en beneficio propio

El Ministerio Público Distrital encontró que la ERU, en su labor de renovación urbana, expropió un predio de la Carrera 3 con Calle 19 y pagó más de 147 millones de pesos por el terreno y cerca de 15 millones por la casa prefabricada ubicada en el lugar.

Según la investigación y la declaración de la propia funcionaria, ella era la encargada de recibir los predios expropiados, que luego quedaban bajo su custodia.

Según la Personería, se determinó que ella dio la orden de desarmar y retirar la casa prefabricada que fue traslada en un camión, como se comprobó en las minutas (libros de control) y en las declaraciones dadas por los vigilantes de la empresa de seguridad que estaban a cargo de cuidar el terreno.

El bien inmueble fue luego visto en el predio de la funcionaria ubicado en el municipio de La Mesa, Cundinamarca; de ello quedó constancia en algunas fotos tomadas al predio. La casa fue posteriormente retirada del lugar.

La conducta de la funcionaria Rodríguez fue calificada como gravísima, por su omisión en el deber de cuidar un bien del Estado que le fue confiado en razón de sus funciones, con la consecuente obligación de custodiarlo y protegerlo.

También se comprobó que la funcionaria Rodríguez usó un bien del Estado en beneficio propio, en contravención de las disposiciones legales. La sanción de primera instancia fue apelada por la funcionaria.

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