Evidencian incumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

laud-victimas-cambio24.jpg
Foto: Cambio 24

Entes de control advierten que solo el 13% de más de siete mil víctimas han sido indemnizadas, lo que significa que la reparación para la población podría tardar más de 50 años. 

La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas advirtieron que la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención a esta población, cuyas vulnerabilidades han aumentado durante la emergencia por el Covid -19. 

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 advirtieron que por la crisis derivada de la pandemia puede que un porcentaje significativo del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones el año anterior, vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en estado de pobreza y pobreza extrema. Por ello se requiere una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.  

Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por el Covid-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.  

Para las comisiones, es fundamental que el Gobierno nacional ante la contingencia generada por el coronavirus adopte urgentemente correctivos y medidas especiales, que mitiguen el impacto de la pandemia en las víctimas y los previsibles retrocesos en su estabilización económica.  A pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes en materia de ayuda humanitaria e indemnización, durante la emergencia. 

Sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos 

A pesar de la insistencia de los órganos de control, el Gobierno no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de esta población en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los Decretos Leyes Étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz. 

El esfuerzo fiscal de la Nación de $118 billones de pesos entre 2012 y 2020 fue insuficiente para atender al universo de víctimas, que hoy supera los 9 millones. Es imperativo hacer ajustes administrativos, legales y de procedimiento que permitan asignar recursos suficientes, y fortalecer la implementación.

La materialización del derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces. Durante los años 2018 y 2019 no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11.4%.  

Frente a la restitución de derechos territoriales para los pueblos indígenas y comunidades negras se requiere el pleno funcionamiento del componente étnico del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Asimismo, no se ha logrado un aporte significativo para la protección y formalización de la propiedad de las comunidades.  

En total, 879.821 víctimas han sido indemnizadas, lo que corresponde a casi el 13% de los 7.261.998 sujetos de reparación. A este ritmo se necesitan más de 50 años para indemnizar al universo de personas afectadas por la violencia. Entre el 2019 y el primer trimestre de 2020 se pagaron 95.127 indemnizaciones. Sin embargo, existe un rezago de 1’320.177 solicitudes, frente a las cuales no se han asignado citas para iniciar trámite de documentación.  

Información tomada de la CGR, PGN y Defensoría del Pueblo.

Share this