El presidente Santos convocó a sesiones extraordinarias al Congreso

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Foto: Elespectador.com

El presidente Juan Manuel Santos convocó para este 27 y 28 de junio al Congreso de la República para revisar las objeciones a la reforma a la Justicia.

Este domingo el Presidente hizo el anuncio a través de un breve comunicado de prensa en el cual hizo énfasis que hacía “uso de sus facultades legales para convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la República”.

En el texto aclara que la decisión “ha sido respaldada por los voceros de los partidos de la Unidad Nacional”.

Según la Constitución Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso es el único funcionario del Estado que puede actuar frente a la promulgación de la reforma a la Justicia.

Así lo ordena el artículo 168 de la Constitución “Si el presidente de la República no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso”

En este sentido, explica revista Semana que la promulgación de la reforma a la Justicia es la única fórmula legal para que la Corte Constitucional, la máxima autoridad en la materia, se pronuncie y pueda derogar la nueva norma que diseñó el Congreso. Este estudio podría durar más de seis meses.

Temas objetados por el Presidente

La Comisión de Conciliación decidió quitarle a la Fiscalía General de la Nación la competencia para adelantar la etapa de investigación en los procesos penales que se adelantan contra ministros, magistrados de tribunal, embajadores, directores de departamento administrativo, gobernadores, generales y almirantes, entre otros funcionarios con fuero.

La iniciativa contiene un parágrafo transitorio que extiende la doble instancia (definido para los procesos de pérdida de investidura de los congresistas), a todos los procesos que contra ellos cursen en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Se fusionaron las normas aprobadas en la Cámara y en el Senado sobre el régimen de pérdida de investidura de los congresistas, con lo que se alteró la voluntad de las plenarias de Senado y Cámara.

Se suprimió el régimen de transición para la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

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