Arauca en manos del ELN y disidencias de las Farc

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Foto: EL TIEMPO

Una investigación realizada por la ONG Human Right Watch ratifica el abuso de grupos armados a la sociedad civil en el departamento de Arauca.

Grupos que imponen sus propias reglas, amenazas a civiles a ambos lados de la frontera, castigos para quienes no obedecen que van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte, son algunos de los vejámenes que la ONG denuncia en esta investigación que tituló “Los guerrilleros son la policía”.

Según Human Right Watch, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el grupo disidente de las Farc, Frente Décimo Martín Villa, son los que hacen de las suyas en esta zona del país; y en la frontera también tienen presencia, específicamente en el estado Apure en Venezuela, las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN)

“Los grupos armados en ambos países han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes penales que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta, para que los miembros de los grupos armados puedan verle el rostro a las personas que circulan. Pero los miembros de los grupos armados no cumplen con los mismos estándares. Y extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero” señala la ONG.

Y agrega. “En 2019, se hallaron en Arauca al menos 16 cuerpos de civiles junto a notas que daban cuenta de la supuesta “justificación” del asesinato. Por ejemplo, en los textos se acusaba a las víctimas de ser “informantes”, “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”. A menudo, las notas llevaban la firma “FARC-EP”, lo cual sugiere que la disidencia de las FARC denominada Frente Décimo Martín Villa se atribuye responsabilidad por esos hechos. Los residentes indicaron que en 2018 hubo asesinatos similares”.

Esta situación, además de trabajos forzado a los habitantes,  reclutamiento de menores y persecución a fiscales, preocupa a la ONG y por tal razón hace una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a las agencias humanitarias de Naciones Unidas y a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y la Unión Europea para garantizas la seguridad de la sociedad civil, de los funcionarios del Estado, además de proteger la vida tanto de los habitantes del Colombia como de Venezuela.

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