95% de tierras afrodescendientes en manos de 8 empresarios

laud-desplazamiento-choco-semana.jpg
Foto: Semana.com

El CINEP entregó informe a la JEP del despojo de hectáreas al norte del Chocó donde más de 5 mil personas fueron afectadas por grupos paramilitares.

El desplazamiento de las comunidades del Chocó ha sido uno de los flagelos que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Varios hechos se tratan en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP en el caso 04 sobre la ‘Situación territorial de la región de Urabá’. Como aporte al tribunal, el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP, presentó el informe ‘Violencias, racismo y conflictos sociambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’.

“El desplazamiento siempre ha sido leído en el Bajo Atrato desde una óptica de acumulación por desposesión. Hay una cadena de despojo que va antecedida por amenazas, homicidios y hostigamientos contra los campesinos que viven allí, para que por medio de artilugios jurídicos, los empresarios se apoderen de estas tierras”, manifestó Julián Salazar, investigador del CINEP a LAUD 90.4 FM ESTÉREO.

El documento se refiere a tres aspectos:

• Caracterización del daño en el marco de la reparación colectiva.

• Caracterización de afectaciones territoriales sobre la base de la restitución de tierras.

• Plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal de río León.

La máxima autoridad de las comunidades afrodescendientes son los Consejos Comunitarios: Organizaciones por medio de las cuales se administran los territorios colectivos de la población. Esto lo establece la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995.

En el caso correspondiente al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó, en el norte del departamento, se refiere a 49 comunidades entre afrodescendientes y Chilapos, equivalentes a 5.832 personas (1.747 familias), y una extensión de 107.064 hectáreas, donde el 95% de las tierras está acumulada y en manos de ocho empresarios.

Violencia histórica

Pero la guerra por los terrenos no es nueva, Salazar cuenta que dichas dinámicas las dividieron en tres etapas:

1- “Hegemonías de las Farc, que no ocasionó una tensión fuerte entre los integrantes del Consejo Comunitario”.

2- “Llegada de los paramilitares donde ocurrió la Operación Génesis y la que se realizó en Riosucio. El discurso era sacar a la Farc pero fue para expropiar y entregar los terrenos de las comunidades a proyectos agroindustriales como el cultivo de palma, banano y ganadería”.

3- “Se dio luego de la firma del Acuerdo de Paz donde hay una disputa de poder entre el ELN y las AGC (Autodefensas Gaitanistas), por los vacíos que dejó las Farc”.

En la actualidad

El investigador afirma que los líderes reclamantes de tierras son amenazados y la población aún es víctima de desplazamiento, homicidios y confinamiento. Por su parte el Estado ha tardado en la reivindicación y en atender las demandas, y aunque ha brindado protección, no son suficientes las medidas de seguridad.

Paralelamente a la presentación del informe ante la JEP, se solicitó medidas cautelares para “blindar los riesgos a los cuales está sometido el Consejo por su participación en el caso de Urabá, con el fin de garantizar su aporte al proceso y el respeto a sus derechos humanos”, puntualizó el invitado.

Escuchar entrevista completa aquí.

Share this