Una población que reclama Justicia

06/18/2015 - 10:16

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Colombia es un país sobre-diagnosticado, de grupos de estudios  y donde se negocian los acuerdos. La dirigencia acude a  estudios  pormenorizados para encontrar posible soluciones a los conflictos que soporta el país en el campo de la salud, educación, vivienda y población carcelaria,  como para poner unos ejemplos.

Acaba de salir una investigación, titulada: 'Del amor y otras condenas: Personas LGBT en las cárceles colombianas', en la cual se busca demostrar que el trato a esta población no es el más adecuado. El trabajo se basó en la aplicación del método cualitativo-cuantitativo para demostrar que una cosa es lo que dice la norma y otra es la que se pone en práctica por parte de las instituciones que tienen que ver con esta población, incluyendo principalmente el INPEC.

Se buscó que la investigación tuviera diferentes miradas desde el concepto de un abogado, pasando por un antropólogo y sociólogo, para que ésta contara con el perfil que reclamar estas investigaciones; y que deben ser conocidas por el grueso de la población colombiana.

Allí se incluyeron temas como: 'Caracterización de la población LGBT privada de la libertad',  'Discriminación hacia población LGBT privada de la libertad', Visita íntima a favor de la población LGBT: discrecionalidad y arbitrariedad', ''Violencia verbal y física hacia personas LGBT', 'Problemas estructurales de las cárceles que acentúan la vulneración de los derechos de las personas LGBT, Conclusiones y Recomendaciones'.

Esta investigación es un punto de partida para que muchos investigadores sigan haciendo otros aportes.  Donde la academia cumpla su papel protagónico con los conflictos y problemas que sigue soportando el país. Que no se quede como otro referente, otro diagnóstico, otra consulta más, sino que el país pueda conmoverse por lo que pasa en estos sitios de reclusión tanto con la población LGBT, como también  con los demás presos que vive en un hacinamiento total. Se solicita que haya un pabellón especial para ellos, pero surgen voces que manifiestan que sería una forma de segregar a la población citada.

Pensamos que cada sitio carcelario tiene unas características muy especiales y   podría negociarse unos acuerdos  entre la  citada población y los directivos del Inpec y el Ministerio de Justicia. No se puede seguir ignorando y permitiendo la situación de matoneo físico y psicológico con estos ciudadanos colombianos.

Por lo menos, debería respetarse el fallo de Sentencia de la Corte Constitucional T-062 de 2011. "Quien le ordenó al INPEC reformar todos los reglamentos de los establecimientos carcelarios debido a los problemas que se venían presentando en relación con objetos de uso personal femeninos para las mujeres trans en la Cárcel de Yopal". Estas directrices no se cumplen, y este instituto se hace el de la vista gorda frente a esta sentencia  que debe ser de obligatorio cumplimiento.

Esperamos que la justicia no siga siendo la de la vista gorda ni la reina de la impunidad.

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