¿Por qué las FARC no despegan como partido político?

02/25/2019 - 15:52

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Factores internos y externos han hecho difícil que el partido de las FARC avance con paso firme. ¿De dónde vienen sus problemas y qué pueden hacer para resolverlos?

Referentes de la acción

El destino de las FARC como nueva fuerza política se está definiendo por algunos referentes que influyen en su fragmentación interior y en su impacto sobre la opinión pública. Estos referentes son:

  • la orientación ideológica;
  • las obligaciones de la legalidad;
  • la incoherencia del Estado;
  • los horizontes de legitimación;
  • los desplazamientos en la cultura cívica, y
  • el cedazo de la justicia transicional.

La sombra del narcotráfico¿Cuál proyecto político?

La ideología ha empujado al partido de las FARC a un cruce de caminos. Han tenido que  escoger entre volverse un partido marxista-leninista, a la usanza de los años sesenta, con toda la carga doctrinaria que esto supone, o conformar un movimiento flexible, con énfasis en la práctica parlamentaria, volcado a la paz y a las reformas sociales.

La obligación de actuar dentro del margen de la ley a partir del momento de la firma del Acuerdo de Paz ha sido el escenario donde tuvo lugar el incidente más delicado: la detención de Jesús Santrich y su posible extradición.

El efecto inmediato de este suceso ha sido la enorme desconfianza de algunos excomandantes guerrilleros tanto más cuando transcurridos diez meses, el pedido de extradición no ha sido apoyado con pruebas contundentes por parte de la justicia de Estados Unidos. Para completar, entre los meandros caprichosos de este itinerario surrealista se incluye la carta de la JEP solicitando las pruebas que se extravió en Panamá.

Las inconsistencias del Estado

Foto: Cámara de Representantes

Los incumplimientos de los compromisos oficiales o el retraso en los deberes contraídos han hecho aún más tortuosa la transición de las FARC a partido político.

Verdad que la nueva fuerza ha obtenido su representación en el Congreso. También es cierto que el Alto Consejero para estos asuntos sostiene que el nuevo gobierno ha seguido honrando la palabra empeñada por el anterior en relación con la seguridad para los guerrilleros y el respaldo económico a los Espacios Territoriales (aunque no hay que olvidar que ochenta exmilitantes de base han sido asesinados).

No hay que olvidar que ochenta exmilitantes de base han sido asesinados.

Sin embargo, el Congreso dejó de aprobar las Circunscripciones Especiales de Paz. Y de la JEP fueron excluidos inexplicablemente los “terceros” es decir, los probables financiadores de la guerra. Además, no se vislumbra un empeño verdadero del gobierno Duque en la reforma rural integral, que aparece difuminada en el nuevo Plan de Desarrollo.

Todos estos son incumplimientos claros, según lo indican algunos excomandantes. Y en este asunto coincide con ellos nadie menos que el antiguo jefe de las negociaciones por parte del gobierno, Humberto de la Calle.

¿Falta de legitimación?

El tránsito de la guerra a la política, de guerrilla a partido, ha tenido que darse en los terrenos inestables de la legitimación. Dicho de un modo más amplio, ha implicado la apropiación de un capital simbólico por parte de los agentes de la subversión, hoy convertidos en actores políticos y necesitados del reconocimiento ciudadano.

Pero esta aceptación ha sido esquiva. Para nadie es un secreto que las guerrillas conquistaban el “respeto” de la opinión más por el temor que provocaban que por el valor intrínseco de su causa. Esto se tradujo en un resentimiento evidente por parte del público que dura hasta hoy; algo que la paz no ha conseguido revertir.

De la izquierda al centro

Un quinto referente es la cultura, en el sentido cívico sobre el que reflexionaron Gabriel Almond y Sidney Verba, esto es, el de los ideales ciudadanos con respecto a la democracia y a la determinación de sus inclinaciones políticas.

Si bien se ha dado una polarización en el espectro político a propósito del proceso de paz, los segmentos que pueden ser ubicados en el centro son mayoritarios. Al menos eso mostró la encuesta 2017 de cultura política del Dane, en la que el 12 por ciento de los entrevistados se sitúa en la izquierda y el 20,7 por ciento en la derecha, mientras que un 42,6 por ciento, mayoría considerable, se autodefine como de centro.

Por otra parte, entre los votantes favorables al Acuerdo de Paz se nota un desplazamiento importante en la misma dirección ideológica. Son evidentes los altos índices de aceptación de personajes como Sergio Fajardo o Claudia López, identificados con esta zona de la cultura política. Esta situación retardará la inserción simbólica en la política de los antiguos guerrilleros, todavía asociados con la confrontación armada.

Presencia en la JEP

Foto: Conocimiento Jurídico

Por último, es un factor de primer orden la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz. De esta instancia depende la solución de las dificultades del salto a la política y es tan importante que puede agravar la fractura en el nuevo partido y dejar sin salida a un sector de la exguerrilla, representado por Iván Márquez, en caso de no acogerse este a las convocatorias de los tribunales de la JEP.

Se impone la obligación para todos los excomandantes de acudir a los tribunales de la JEP.

Timochenko y Pablo Catatumbo, por el contrario, han acudido sin ninguna vacilación a estas citaciones, para ofrecer su verdad, reafirmar sus compromisos con la responsabilidad en el conflicto armado y reivindicar por encima de todo a las víctimas, como ellos mismos lo reconocieron.

Fragmentación

De los seis referentes para la acción, tres contribuyen al fraccionamiento interno:

las diferencias ideológicas sobre la naturaleza del proyecto político;

la posición frente a los incumplimientos del Estado (una diferencia que no es cualitativa pero sí de grado); y

los compromisos con la ley y con la Constitución, un factor demostrado en el “caso Santrich”, que ha causado polarizaciones no tanto cualitativas sino por la intensidad con que se mira el problema, pues la desconfianza frente a la DEA, la Fiscalía y el gobierno es compartida por ambos sectores en las FARC.

La superposición de estas tres líneas de fractura ha profundizado el distanciamiento entre Iván Márquez y Rodrigo Londoño (Timochenko) y lo ha hecho casi irreversible.

Sin embargo, la tentación del regreso a la guerra parece haberse diluido y ha dejado de pesar en la evolución del fraccionamiento, pues Iván Márquez y otros que se han alejado de los espacios territoriales de concentración han enviado mensajes de compromiso con la paz.

Ahora bien, esta es una fractura interna que no se resuelve con su propia lógica, pues está constreñida por el propio Acuerdo de Paz y por la justicia transicional. Por encima de los incumplimientos del Estado y más allá de cualquier emboscada institucional, activada por un actor externo o por una agencia interna, se impone la obligación para todos los excomandantes de acudir a los tribunales de la JEP para poder recibir sus beneficios.

No hay diferencias ideológicas o políticas que valgan para sustraerse de tal compromiso, pues si lo eluden quedarían sometidos a la persecución de jueces ordinarios, sin que por otra parte tengan ya mucho interés en regresar a la guerra.

Legitimación y justicia

Más que el fraccionamiento interno, a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) la afecta su retraso en la inserción cultural y su falta de reconocimiento positivo por parte de la mayoría de los actores políticos. En otras palabras, adolecen de relegitimación, como lo dirían Ferrero o Norberto Bobbio, o tienen una precaria acumulación de capital simbólico, como lo denominó en clave sociológica Pierre Bourdieu.

La presencia en los tribunales de la JEP de Timochenko y otros comandantes como Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, es el camino más seguro para relegitimarse como fuerza legal. De esta manera se puede conquistar el capital simbólico que haga creíble el nuevo proyecto.

La fuerza política de las FARC debe venir de una sanación cívica que pase por el reconocimiento de los delitos de lesa humanidad, la reivindicación de las víctimas, las penas alternativas, y por el perdón y la reconciliación. Esto significaría un proceso político renovado para el país.

* Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Ricardo García.

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